Ética de la comunicación social y opinión pública frente a la gestión de servicios públicos

A continuación presento algunos argumentos que podrían servir de sustento a la función de la comunicación social (y a la opinión pública en general) con relación a la gestión de los servidores públicos en cargos de elección popular. En la mayoría de los países democráticos estos servidores públicos suelen ser presidente de la nación, gobernadores, alcaldes, diputados y senadores, entre otros.

El problema planteado es: ¿en qué debe hacer énfasis la opinión pública al criticar la gestión de un servidor público: en los aspectos positivos o en los negativos? Habrá quienes asuman que la crítica deberá ser "balanceada", y que por ello se deberán señalar tanto los aspectos positivos como negativos, si es que se pretende llevar a cabo una crítica "objetiva". Obviamente, en este bando están los mismos servidores públicos y ellos demandarán que a la hora de ser evaluados (tanto por los comunicadores sociales como por la opinión pública) se les tomen en cuenta no sólo sus errores, fallos y omisiones, sino también el lado positivo de sus gestiones.

Mi posición es que el servidor público electo por el pueblo debe ser evaluado por el comunicador social, sólo atendiendo a los aspectos negativos de su gestión, esto es, señalando únicamente los errores, las omisiones y las acciones malintencionadas. A continuación sustentaré esta posición.

Supongamos que un presidente de una nación ha ejecutado un proyecto consistente en la construcción de viviendas de interés social que ha beneficiado a un porcentaje significativo de la población, pero por otra parte, el mismo sujeto ha descuidado la administración de salud pública de tal manera que, por ejemplo, 300 personas han fallecido por falta de atención médica. ¿Compensa la ejecución del proyecto habitacional al dolor causado por la muerte de 300 personas que se podrían haber salvado si el Presidente hubiera atendido, como debe ser, su obligación en materia de salud pública? Si usted lo piensa bien, tendrá que responder que no. Y he aquí mi primer argumento.

En la gestión pública (ni en ningún otro ámbito) el cumplimiento de un conjunto de deberes no compensa los daños causados por el incumplimiento o mal cumplimiento de otros deberes. No hay allí posibilidad de sumar, restar y obtener un saldo. Los afectados por el incumplimiento no van a dejar de sentirse afectados por el hecho de que en otros aspectos el servidor público haya cumplido con su deber, y sólo por este motivo el servidor público electo por el pueblo, en mi opinión, no tendría derecho a demandar una "crítica balanceada" de su gestión de parte de la opinión pública.

Mi segundo punto es que quienes detentan cargos de elección popular están en esa situación porque ellos ofrecieron sus personas voluntariamente, sin coacción alguna. Estas personas están al tanto de que su función es cumplir con todos los deberes del cargo y -se supone- que se han ofrecido para ello porque se sienten en capacidad de cumplir con todo lo requerido. Una vez que un servidor público asume un cargo de elección, adquiere la responsabilidad por el cumplimiento de todos los deberes inherentes a ese cargo. Esta situación le quita todo derecho al sujeto a liberarse de la responsabilidad total y lo más importante de todo es que el sujeto se ofreció voluntariamente (o sea, sin que nada ni nadie lo obligara) a cumplir con todos los deberes del cargo.

A lo anterior, debe agregarse el hecho de que quienes hoy son presidentes, gobernadores, diputados, alcaldes, etc., han hecho campañas electorales en las que literalmente se han arrodillado ante la población para ser electos y esto indica que esos funcionarios, con vehemencia, deseaban ejercer los cargos para los cuales se postularon. Luego, si ellos fallan en su gestión, cabría preguntarles ¿y para eso querían que la población les eligiera? ¿Ofrecieron sus personas voluntariamente y ahora quieren que se les haga una "crítica balanceada" de su gestión? ¿Acaso no dijeron en su campaña electoral que cumplirían con todos los deberes del cargo… O es que se les olvidó?

Si yo suplico que me den la oportunidad de hacer algo, y luego lo hago mal, lo menos que me merezco es una higa, por no decir una patada en el trasero. No tengo ningún derecho a demandar comprensión para mi fallo dado que supliqué, tal como lo hacen los candidatos a cargos de elección popular, que me dieran una oportunidad.

Mi tercer argumento es que el deber cumplido no tiene por qué ser objeto de reconocimientos. Por ejemplo (y éste es uno de los más emblemáticos), el ciudadano que paga sus impuestos puntualmente no tiene por qué demandar reconocimiento alguno por haber cumplido esa obligación y tampoco tiene derecho a exigir a no ser amonestado en caso de violar otras leyes. En este ejemplo hay que tener en cuenta que el pago de impuestos es una obligación no adquirida voluntariamente, caso contrario a la obligación adquirida por el servidor público de elección popular.

Si el contribuyente al fisco no tiene derecho a demandar reconocimientos y prerrogativas en virtud de su puntualidad y responsabilidad, entonces ¿por qué el servidor público electo por el pueblo sí las debería tener? Si el contribuyente (quien lo es por imposición) es amonestado cuando no cumple, con más razón debe ser amonestado quien voluntariamente se ofreció y suplicó para ser electo para el ejercicio de una función pública y, en este sentido, uno no es ciudadano superior o inferior al otro: quien no cumple con su deber tiene que ser amonestado tanto de acuerdo con la ley como por la opinión pública.

Si al ciudadano común no se le premia por el cumplimiento de sus deberes, menos aún se debe ayudar al gobernante electo haciendo una "crítica balanceada" de su gestión. El gobernante no está por encima del ciudadano (al menos en democracia), el gobernante es un servidor de la ciudadanía y es gobernante habiéndose ofrecido a título voluntario para el cargo que ejerce. El servidor público es alguien que ha suplicado a la población que le permita ejercer el cargo correspondiente, por lo tanto (y aún con más razón), al igual que el ciudadano común, sólo debe ser señalado por los comunicadores sociales y por la opinión pública cuando falla en el cumplimiento de sus deberes. El cumplimiento de los deberes es el deber ser y el no cumplimiento o mal cumplimiento de los deberes es de lo que necesita la sociedad estar informada para poner coto a lo que está saliendo mal y que la podría llevar al colapso. Pienso que un servidor público ideal sería quien exigiera a la opinión pública que sólo señalara los aspectos negativos de su gestión.