Ni la Fiscalía General de la República ni la Defensoría del Pueblo, órganos que velan por la justicia y los derechos humanos, han iniciado una investigación para determinar si hubo un hecho punible en la actuación policial y militar que aterrorizó a una comunidad en El Junquito, Distrito Capital, el 15 de enero, y que concluyó con la muerte de 10 personas: 7 miembros de un grupo opositor alzado en armas, 2 policías y un miembro de un “colectivo” oficialista.
De no abrir una investigación al respecto, los funcionarios responsables podrían ser sancionados con el pago de multas de hasta 2.000 UT (unidades tributarias) y/o pagar una condena de cuatro años. A esto se le conoce como denegación de justicia.
Eso fue una masacre, ajusticiamiento de personas que ya se habían rendido, muy triste